Ley 23
Panamá

¿En qué consiste?

La Ley 23 de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”.

Esta norma, junto con otros aspectos de interés, abarca la Coordinación Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conformado por la Comisión Nacional
especializada, la Unidad de Análisis Financiero y otros organismos de supervisión.

Los entes regulados son los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión y que cuenten con políticas de gestión atingentes.

Dentro de los mecanismos de prevención establecidos en esta Ley, se establecen las siguientes herramientas mínimas a implementar:

  • Debida diligencia de contrapartes y fondos.
  • Seguimiento del negocio del cliente.
  • Criterios esenciales de diseño de controles preventivos y la obligación de capacitar al personal.
  • Congelamiento preventivo de fondos, bienes o activos.
  • Reportes a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En este contexto, cobra importancia la protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes, quienes no deben verse afectados por amenazas en caso de reportar situaciones sospechosas.
  • Gestión de Conflictos de interés: incorporado posteriormente por la Ley 21 de 2017, respecto de los fiduciarios.

Respecto de las sanciones por incumplimiento de esta Ley, éstas pueden ser disciplinarias y financieras y serán impuestas por los organismos de supervisión, junto con otras sanciones genéricas y específicas. Los sujetos regulados, en cuanto entidades corporativas, podrán ser responsables por los delitos cometidos por sus empleados, sin perjuicio de la responsabilidad personal que les corresponda por las infracciones.
Finalmente, esta Ley abarca disposiciones procedimentales que refuerzan la aplicación de esta misma.

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