La presente normativa de la OCDE tiene como principal objetivo que los Estados adherentes adopten las medidas necesarias para que en sus legislaciones se tipifique el delito de cohecho a un funcionario público extranjero.
Esta Convención, que data de 1997, es un acuerdo de carácter vinculante, es decir que es obligatorio para aquellos que suscriben a esta, siendo la primera a nivel internacional que se enfoca en la persona que ofrece, promete u otorga una dádiva con el objetivo de conseguir un beneficio o una ventaja por sobre otro. La razón de existir esta Convención es que en distintas transacciones a nivel internacional se producen actividades de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, lo cual constituye una grave amenaza al desarrollo económico y la libre competencia, como también a las instituciones democráticas.