CASO COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA) – 2012

¿Qué pasó?

En 2010, siendo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz recurrió a distintas formas de presión para controlar y garantizar la acreditación a universidades con las que mantenía contrato o que le aseguraban mantenerse en su cargo. Así, influyó en la designación de los pares evaluadores, manejó las sesiones e hizo lobby para orientar el voto de algunos comisionados.

En este contexto, las universidades del Mar, Internacional Sek y Pedro de Valdivia (PDV), pagaron sobornos a Díaz para ser acreditadas por el CNA.

 

En junio de 2012, fue allanada la Casa Central de la Universidad del Mar en Reñaca, debido a una denuncia de negociación incompatible y cohecho entre Díaz y dicha casa de estudios, ya que este habría cobrado a la universidad por una asesoría para lograr la acreditación mientras ejercía funciones en el CNA, entidad encargada de otorgarla.

La investigación de la Fiscalía estableció que el ex presidente de la CNA se concertó con los rectores para colaborar indebidamente con ellos; y en abril de 2013, se formalizó a las tres universidades por su responsabilidad penal según la Ley 20.393 por el delito de soborno.

Condenas

En junio 2016, tras cuatro años de investigación penal, finalizó el denominado caso CNA, y en un juicio abreviado, se condenó a Díaz, a cumplir una pena de cinco años de pena remitida, además del pago de $73 millones y una multa.

La Universidad del Mar fue condenada como persona jurídica y debió pagar 2.000 UTM, y su ex rector, Héctor Zúñiga fue condenado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos a 3 años y un día de libertad vigilada y el pago de $45 millones más 200 UTM.

Tanto a la Universidad Pedro de Valdivia como a la Sek se les suspendió el procedimiento como persona jurídica, además de multa y la entrega de becas. En concreto, la PDV fue suspendida condicionalmente a cambio del pago de $50 millones y la entrega de 100 becas en un plazo de cinco años; mientras la Sek  fue condenada a pagar $25 millones en beneficio fiscal y crear un programa de becas durante el 2017 para 40 alumnos por un costo aproximado de $500 millones durante los cinco años de duración de la carrera (a partir de 2017).

Los rectores de ambas universidades también recibieron condenas. Ángel Maulén ex rector de la PDV, quien no quiso seguir el procedimiento abreviado, finalmente aceptó los cargos de soborno reiterado en dicho procedimiento, a cambio de una condena de tres años de libertad vigilada, suspensión para ejercer cargos públicos y el pago de $100 millones. Asimismo, se acordó la suspensión condicional José Enrique Schröder, ex rector de la Sek a cambio de firma mensual por un año y donar 102 libros y 22 revistas a un colegio de escasos recursos.

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