Bolivia cerró el año 2021 marcado por al menos 10 casos de corrupción, la mayoría sin importantes avances investigativos.
Sin duda, los casos de mayor relevancia fueron los ítems fantasma en Santa Cruz, la detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo por soborno y el caso de lavado de dinero por la venta de gases lacrimógenos en la gestión del exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Pero no fueron los únicos casos relevantes. En su momento, marcaron agenda las denuncias contra el exministro de Educación Adrián Quelca por tráfico de exámenes para favorecer a sus allegados en altos cargos, la desaparición de expedientes en el Consejo de la Magistratura y denuncias por irregularidades en la adjudicación de viviendas de la Agencia Estatal de Vivienda (AeVivienda) de Chuquisaca.
Además, el proceso contra funcionarios de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de Santa Cruz por supuesta designación irregular de concesiones para el tráfico de madera, el caso de supuesto desvío de fondos de publicidad para campaña en la anterior gestión de la Gobernación de Santa Cruz, los casos de ítems fantasma en la Caja Nacional de Salud (CNS) y las becas fantasma en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
También se registraron casos de corrupción en Cochabamba, como el de irregularidades en la emisión de boletas de sanciones y trámites en la Intendencia de Cochabamba, la “desaparición” de 500 mil bolivianos en la Alcaldía de Independencia y otros casos en Quillacollo, Tiquipaya y el valle alto.
La corrupción no sólo afectó el ámbito político, sino también al fútbol. Se conoció un caso de intento de soborno en el fútbol profesional y un supuesto amaño de sorteos para partidos de clubes de segunda división.
Legisladores y políticos opinaron que la Justicia en Bolivia es ineficiente y está parcializada.
Casos polémicos
El exministro Edwin Characayo fue detenido el 14 de abril en un operativo policial, en pleno prado de La Paz, cuando se aprestaba a recibir 20 mil dólares como soborno para la titulación de unos predios en San Ramón, en Santa Cruz.
En el caso estaba implicado el exdirector general de Desarrollo Rural Híper García. Ambos fueron aprehendidos y están con detención preventiva.
El 12 de noviembre, Adrián Quelca renunció a su cargo de ministro de Educación, envuelto en denuncias de tráfico de exámenes para favorecer a sus allegados del Partido Comunista con el fin de que accedan a cargos directivos.
El exdirector de Educación Superior Agustín Tarifa también fu acusado y enviado con detención preventiva en septiembre.
La viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, denunció el caso a la Fiscalía.
Quelca fue acusado por incumplimiento de deberes.
Otro caso polémico ocurrió fuera del país. Arturo Murillo, exministro de Gobierno en la gestión transitoria de Jeanine Áñez, fue detenido en EEUU en mayo, acusado de participar en un esquema de lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos.
Según la Justicia de EEUU, personeros de una empresa entregaron dinero a Murillo para la adjudicación de la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma realizadas en Bolivia en 2019.
Murillo está detenido en EEUU, así como otras cinco personas. El exministro se declaró no culpable e irá a juicio, mientras que los otros implicados admitieron su culpa.
A finales de 2021 salió a la luz pública el presunto caso de ítems fantasma en la Alcaldía de Santa Cruz. Según los datos, funcionarios de la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, entre 2011 y 2018, crearon 800 ítems para cobrar sus sueldos sin que nadie ejecutara esos trabajos. El dinero era depositado en cuentas particulares y se utilizaba documentación de personas que eran captadas bajo la promesa de pagos de 300 bolivianos.
El exjefe de Recursos Humanos Antonio Parada, su hermano Guillermo, el exdirector de RRHH Julio César Herbas y el exfuncionario Javier Cedeño fueron imputados. También están bajo investigación los exalcaldes Sosa y Fernández.
DENUNCIAS TAMBIÉN EN TORNEOS DE FÚTBOL
Entre las curiosidades de 2021 resaltaron las denuncias de amaños en el sorteo partidos en el Torneo de Ascensos.
También se conoció de un audio de un jugador que revelaba que el club Always Ready estaba dando “incentivos” a jugadores de Real Santa Cruz para vencer a The Strongest en la última fecha y así tener el camino para ganar el título. Al final, Juan Rivero, el jugador implicado, pidió disculpas y dijo que se lo malinterpretó.
Ranking
Bolivia está en penúltimo lugar, de 15 países de Latinoamérica, luego de caer en su Capacidad de Combatir la Corrupción (CCC) en 2020-2021, según estudio realizado por Americas Society/ Council of the Americas y Control Risks, publicado en junio de 2021.
VEN QUE JUSTICIA NO ACTÚA IGUAL PARA TODOS
Para sectores de oposición y dirigentes cívicos, la Justicia está parcializada, es ineficiente y corrupta.
El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, señaló la semana pasada que es llamativo que los procesos en los que están involucradas personalidades de esa región se realicen con agilidad, como el caso ítems fantasma; mientras que los casos de corrupción de los 14 años de gobierno del MAS no se investigan.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, declaró que la Justicia responde al MAS y no es creíble, porque hay mucha injerencia del Ejecutivo.
Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, si la justicia boliviana fuera imparcial, varios exfuncionarios y el mismo expresidente Evo Morales estarían “en la cárcel”.
El diputado de la misma alianza José Ormachea aseveró que en el caso ítems fantasma y otros procesos el MAS protege a sus aliados y manipula la Justicia.
El diputado del MAS Héctor Arce afirmó que la Justicia no responde al oficialismo y que no es posible que todos los acusados de corrupción u otros delitos aleguen persecución política o judicial.
Las críticas a la justicia fueron compartidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la OEA, que, en su informe sobre los hechos de 2019, informó que existen falencias graves en las actividades de los órganos de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Además, se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria y las deficiencias en la actividad investigativa.
Israel Quino, analista en temas políticos y jurídicos, afirmó en Fides que la Justicia debe actuar con objetividad e imparcialidad para que todos los implicados sean juzgados, más allá de su militancia o perfil político o económico.
Fuente: Los Tiempos
