Desastre de Rancagua

La defensa del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, presentó una denuncia contra el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y lo acusó de ‘graves infracciones al principio de probidad’, en el marco de la denuncia que hizo Moya luego de que estallara el denominado “desastre de Rancagua”. Era su primera respuesta formal a las imputaciones que hoy lo tienen enfrentando una causa administrativa y otra penal por cuatro hechos que, a juicio de Moya, pudieran ser constitutivos de infracciones funcionarias o delitos, como obstrucción a la investigación, tráfico de influencias, entre otros. La denuncia contra Arias incluye, por ejemplo, la descripción de intervenciones de Arias en el caso del Teatro de Rancagua, además vínculos con el juez suspendido de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta, y un irregular término del proceso penal contra Herman Chadwick, en el caso Caval. Eso, para la defensa del cuestionado persecutor, constituye una infracción al principio de probidad, porque Moya denuncia ‘falsamente hechos que atentan contra la honra de su jefatura’, a lo que se suma que lo haya hecho ‘a través de los medios de comunicación’.
En este mismo tema, la PDI incautó teléfonos y computadores desde la oficina del fiscal Arias. La diligencia fue ordenada por el fiscal Eugenio Campos, quien tomó declaraciones a fiscales y funcionarios de la Fiscalía Regional de O’Higgins, y lidera la investigación tras las denuncias hechas por el fiscal Sergio Moya.

Caso La Polar

En el caso La Polar, las AFP, unas de las principales afectadas por las consecuencias de las repactaciones unilaterales, fueron beneficiadas con el dictamen de la justicia que en la arista civil dictaminó que las cinco personas que en su momento fueron los mayores ejecutivos de la firma, deberán pagar indemnizaciones de perjuicios a favor de las administradoras de fondos de pensiones Habitat, Cuprum y Planvital. En concreto, el fallo detalla que el expresidente de La Polar, Pablo Alcalde, y los exejecutivos, María Isabel Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez y Pablo Fuenzalida, deberán pagar $33.984 millones a AFP Habitat, $14.574 millones a AFP Cuprum y $2.950 millones a AFP Planvital. En total, los exejecutivos tendrán que desembolsar unos US$ 76 millones. En tanto, quedaron sin sanción civil la auditora PwC y su socio, Luis Alejandro Joignant. La demanda de Habitat, Cuprum y Planvital acusaba a la firma, que estuvo a cargo de auditar los estados financieros de La Polar desde 2007, de ‘extrema negligencia’ y de proporcionar información falsa al mercado. Sin embargo, el juzgado civil falló a favor de PwC. Al respecto, las AFP van a apelar a la decisión de la auditora, ya que estiman que es responsable en la entrega de información falsa al mercado.

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